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El emprendedor que crea aplicaciones encerrado en una cárcel colombiana

Mayer Mizrachi Matalon cumple su rol como CEO de Criptext, una app de mensajería cifrada, desde la prisión de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, a donde fue ingresado hace cinco meses. Ésta es su historia.

La vista desde la celda de Mayer Mizrachi Matalon es de las mejores de la prisión: casas de ladrillo rojo rodeadas por los ondulantes y fértiles campos de Bogotá, Colombia, arropados por mullidas nubes blancas en el cielo azul.

Dentro de los barrotes oxidados de la cárcel La Picota, la realidad es mortal. Pequeñas literas, estantes con algunos paquetes de víveres, cubetas usadas para almacenar agua para lavar, tomar, lavarse los dientes y limpiar el inodoro.

Sus dos compañeros cumplen una condena por crímenes ligados al terrorismo y el narcotráfico, algo común en la infame Picota. Al igual que Mizrachi, quien tiene 28 años, dicen que son inocentes.

Dentro de la cabeza de Mizrachi, la terrible pregunta, una que no tiene respuesta, da vueltas en círculos: ¿Cómo llegué aquí?

De la fiesta a la cárcel

A finales de 2015, Mizrachi estaba agotado. Su compañía, Criptext, había pasado el año levantando una pequeña cantidad de dinero, 500,000 dólares en una ronda de capital semilla, en un intento por expandirse más allá de su tecnología original: un plugin que permite a los usuarios de Gmail y Outlook recuperar mensajes de correo electrónico y encriptar sus mensajes. Esa herramienta recibió cierta atención de la prensa y, la empresa me dice, ganó casi 20,000 usuarios (una página oficial de Google revela que hay poco menos de 11,000, algunos de los cuales claramente no estaban contentos con el servicio, a juzgar por los comentarios).

Mizrachi quería unas vacaciones antes de emprender su próximo gran proyecto, el lanzamiento de un renovado Criptext Messenger, un potencial rival de WhatsApp, actualmente la aplicación de mensajería multiplataforma más popular en el mundo.

En lugar de simplemente tratar de imitar a WhatsApp y otras apps de mensajería encriptadas, Mizrachi tenía grandes planes para Criptext, que anteriormente era una aplicación pensada para correr solamente en iOS y Android. Él quería que los clientes, desde los hospitales hasta los bancos, integraran la herramienta en la tecnología que ya poseían.

En el plan maestro de Mizrachi, la tecnología permitiría que los pacientes interactuaran de forma segura con los médicos en línea, o a la banca en línea abrir un canal de servicio al cliente sin temor a ser hackeados. Ocurriría lo mismo entre personas reales y los chatbots, que imitarán a representantes reales de la empresa.

La inspiración para la expansión de Criptext vino de un contrato con el gobierno de Panamá para proporcionar comunicaciones seguras. Por desgracia para Mizrachi, el acuerdo de 2014 se cayó. Al final, en lugar de impulsar su negocio, los problemas de Panamá se volvieron unas vacaciones en una estancia indefinida en prisión, donde el joven empresario se encargaría de supervisar la puesta en marcha de Criptext Messenger, lejos de la comodidad de su oficina en Nueva York.

El 29 de diciembre, el día que Mizrachi debía tomar su vuelo de Fort Lauderdale, Florida, donde había visitado brevemente familia, a Cartagena, Colombia, su madre le advirtió que no fuera. “Yo tenía un mal presentimiento. Le dije que no fuera, que nos quedáramos juntos aquí”, me cuenta Rebeca Matalon. Mizrachi, de 28 años, ignoró a su madre en su búsqueda de un descanso de la locura de la vida de las startups de Nueva York. ¿Qué mejor manera de liberarse del estrés que con una mega fiesta de Año Nuevo con amigos en una ciudad repleta de belleza?

Pero cuando aterrizó en Cartagena, Mizrachi fue retenido en migración. Se le dijo que era buscado por el gobierno de Panamá, donde era dueño de una empresa (Innovative Ventures, el paraguas de Criptext, está registrada en Panamá. Criptext tiene su sede en Nueva York). Imágenes de video muestran al joven empresario siendo escoltado por agentes de la policía nacional de Colombia con chalecos de Interpol, desde el aeropuerto de Cartagena hasta una van, y luego a una cárcel local. Él luce sorprendentemente tranquilo, o quizá en estado de shock por el incomprensible giro del destino.

Un caso desconcertante

El caso de Mizrachi es, en palabras de uno de sus cinco abogados, Alexandre Vernot, extraño y lindo en lo kafkiano. En algún punto del año pasado, el gobierno de Panamá envió una alerta roja a la Interpol  para Mizrachi, alegando que era buscado por fraude contra el gobierno.

Su equipo legal afirma que no hay cargos oficiales en su contra, pero uno de los pocos documentos oficiales disponibles en línea sostiene que se acusa a Criptext de violar un contrato de prestación de servicios con Panamá, adjudicado en marzo de 2014, aunque no especifica cómo se rompió ese acuerdo. Una declaración del gobierno de Panamá sobre el aplazamiento de una audiencia en la corte en febrero, explica que Mizrachi y “otros” sin nombre habían sido llamados ante los tribunales penales del país “por la presunta comisión de delitos contra la administración pública”. Panamá, que tiene un tratado de extradición con Colombia, solicitó su extradición el 6 de enero.

Hablando con Forbes de su confinamiento, Mizrachi me dice que la investigación se refiere a un contrato con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), el departamento panameño de innovación y tecnología, para proporcionar alternativas seguras para el correo electrónico y WhatsApp (que acaba de volverse significativamente más seguro con su propio encriptado de punta a punta). Los expedientes judiciales de Panamá muestran a AIG como el demandante en el caso contra Mizrachi.

Hay mucha información contradictoria acerca de la naturaleza y la supuesta violación del contrato. En lugar de ser acusado de fraude, Mizrachi dice que el Estado alegó que malversó dinero.

Reportes de los medios indican que de hecho es una acusación hecha por el gobierno de Panamá, a pesar de la acusación principal es que el software no fue totalmente desplegado. Mizrachi dice que ambas acusaciones son absurdas, ya que nunca fue un empleado del gobierno, sino un contratista pagado por el AIG. Dice que les proporcionó 100 licencias, las que el gobierno ha decidido no utilizar plenamente. Una auditoría ordenada por el gobierno de Panamá, según él, revisó de forma inadecuada el número de dispositivos que usan Criptext.

“Lo están acusando de un acto criminal, cuando básicamente se trata de una situación administrativa. No debería ser un acto criminal. Es una disputa sobre un contrato, que incluyó sólo una licencia de 9 meses”, dice Rebeca Matalon.

La policía colombiana, según un informe publicado por Reuters en diciembre, afirma que el contrato tenía un valor de 13.3 millones de dólares (mdd), aunque no hubo ningún comentario oficial por parte del gobierno de Panamá. Mizrachi dice que el acuerdo valía poco menos de 200,000 dólares y sólo cubría a 100 empleados. Afirma que la tecnología fue entregada pero dejó de usarse después de sólo cuatro meses  de la  transición a un nuevo gobierno, dirigido por Juan Carlos Varela.

Mizrachi proporcionó a Forbes un correo electrónico fechado 28 de octubre de 2014 en el que preguntaba a Irvin Halman, recién nombrado director de la AIG, por qué no se estaba usando el producto. Mizrachi afirma que fue ignorado en repetidas ocasiones por Halman y que viajó en Panamá en julio de 2015 para hablar con los investigadores del gobierno acerca de su investigación sobre el contrato, sólo para que se le informara que no era necesario.

Mizrachi afirma haber ofrecido evidencia suficiente  para demostrar que el contrato fue cumplido. A pesar de que sabía de la investigación del gobierno, no tenía idea de que hubieran ido tan lejos como para emitir una alerta roja que lo llevaría a prisión. (Halman no respondió a las preguntas de Forbes al momento de publicar este texto. El ex director de la AIG, Eduardo Jaén, también está siendo investigado por los fiscales anticorrupción en Panamá.)

Si no hay ningún cargo y casi no existe información sobre cómo se incumplió el contrato, ¿por qué ha pasado cinco meses en una institución de máxima seguridad de Bogotá? Los lazos familiares de Mizrachi pueden darnos una pista. Información revelada en diciembre sostiene que Mizrachi, ciudadano con ciudadanía dual de Jamaica y Panamá, es sobrino del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pero eso no es del todo cierto. Su padre tiene una relación con la hermana de Martinelli.

En una disputa pública, el presidente Varela ha acusado al régimen de Martinelli de corrupción, lo que derivó en una investigación oficial al inicio de 2015. Una semana antes de la detención de Mizrachi, el Tribunal Supremo de Panamá ordenó la detención de Martinelli, quien se cree que está viviendo en Miami.

“Él ha estado atrapado en una red de contactos tras el cambio de gobierno, pero ésa no es razón para que permanezca preso en una cárcel colombiana”, dice Lord Anthony Gifford, un abogado especializado en derechos humanos, que trabaja en Jamaica y Reino Unido.

La representación legal del empresario cree que se han violado gravemente los derechos humanos de su cliente. En primer lugar, afirman que la Interpol no llevó a cabo controles adecuados antes de emitir una alerta roja, y que no revisaron si había cargos en su contra. En segundo lugar, no debía ser encarcelado por algo no es más que una disputa contractual. En tercer lugar, afirman haber pagado la fianza para ponerlo en libertad. Mizrachi proporcionó documentos que muestran un pago de 100,000 dólares a la división de justicia de Panamá, fechados el 23 de febrero de 2016. Los medios panameños reportaron el 19 de enero que un tribunal había concedido la libertad bajo fianza bajo la condición del pago de esa cantidad en enero, incluso antes de que hubiera sido ingresado a La Picota, y sin embargo, permanece allí. El Departamento de Justicia no había respondido a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.

Obtener cualquier comentario de los responsables de la detención de Mizrachi es como hablar con robots cuyo discurso se limita a lugares comunes burocráticos. “Por desgracia, no puedo responder a sus preguntas”, dijo aForbes la portavoz del gobierno Panamá, Sandra Sotillo. “Ese caso ya fue enviado a la Corte Suprema para procesar su extradición.” Sotillo no aclaró cuándo fue que Panamá pidió a la Interpol emitir una alerta roja o facilitar cualquier detalles sobre los crímenes que se supone Mizrachi ha cometido. Es posible que Panamá tenga elementos para acusar a Mizrachi, pero se niega a dar más detalles.

La policía colombiana no respondió a las consultas, aunque La Picota confirmó que  Mizrachi ha estado preso allí desde el 20 de enero.

La Interpol se deslindó de toda responsabilidad. Un portavoz dijo a Forbes vía correo electrónico que: “La Interpol no puede exigir u obligar a un país miembro detener a una persona que sea objeto de una alerta roja. La Interpol tampoco puede pedir a ningún país miembro tomar cualquier acción en respuesta a la solicitud de otro país miembro. Cada país miembro de Interpol decide por sí mismo qué valor jurídico asigna a la alerta roja dentro de sus fronteras, incluyendo si ésta incluye detener o no a un individuo y también si lo extradita o no.

“El papel de Interpol no es cuestionar el proceso penal contra una persona, ni recoger pruebas, por lo que una alerta roja se publica […] sobre la base de una orden de detención válida o una decisión judicial, tiene el mismo efecto expedido por las autoridades judiciales nacionales pertinentes.” La Interpol no comentó sobre el caso específico de Mizrachi, pero señaló que su equipo legal podría apelar a la Comisión de control de archivos de la Interpol, un organismo independiente creado para hacer frente a solicitudes de esa naturaleza. El equipo de Mizrachi no ha ido por ese camino, y en su lugar ha apelado a los organismos de Panamá y Colombia.

Hasta el momento, las peticiones de su equipo han logrado poco. Vernot dice que los llamados al ministro de justicia de Colombia y a la oficina exterior de Panamá han sido declinadas, y que ambas partes han declarado que la decisión sobre su extradición finalmente sería tomada por el Tribunal Supremo en una fecha que aún no se ha especificado.

El más reciente intento de obtener algún tipo de reconocimiento oficial fue una solicitud de asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No está claro cómo podría ayudar el organismo. Y al igual que la Interpol, la CIDH dijo que no podía comentar sobre el asunto, más allá de confirmar que había recibido la petición de los abogados de Mizrachi.

La vida tras las rejas

Mizrachi me dice que pasó por dos prisiones distintas antes de llegar a La Picota. Una noche sin dormir en la estación de policía en la vieja Cartagena fue precedida por tres semanas en un pequeño centro de detención en Bogotá.

Lo primero que hicieron al ingresarlo a La Picota fue raparle la cabeza. El trance a su celda temporal fue lo peor. “Podía oír el ruido, mucho ruido, de gente gritando y chillando. Sonaba como una selva. Y daba miedo, me aterraba”, me dice de la prisión. “Estaba decepcionado de mí mismo. Pensé que yo mismo me había metido en esa posición, que había decepcionado a mi familia y a todos los que me querían, a todos a mi alrededor.” “Por tercera vez desde su detención, lloró.

Después vino el viaje a la planta superior, donde permanecen los presos en espera de extradición. Fue igual de horrible, los presos le gritaban “nuevo”. “Cuando llegué, me hicieron desfilar y todos me gritaron qué me iban a hacer, quién me iba a violar, todos me gritaban… era simplemente tortura mental, tortura emocional.”

Las condiciones en La Picota son favorables comparadas con las de otros centros penitenciarios, como la mortal La Modelo de Bogotá. Pero sólo hay dos regaderas para 80 reclusos en su piso, agua corriente disponible sólo tres horas al día: una en la mañana, una al mediodía  y una a las 2 p.m., dice. Una anécdota particularmente sombría: aunque una tienda vende agua embotellada, durante dos semanas no fue surtida y todos tuvieron que tomar agua de la llave. “Todo el mundo se enfermó… Eso fue particularmente difícil porque era Pascua y nadie trabajó en toda la semana, así que no pudimos conseguir a un médico, mi familia intentó mandarme medicinas y no las aceptaron en la cárcel.”

No hay calefacción, hay revisiones constantes a los internos a sus celdas, no hay una área exterior para caminar. “Es algo así como un casino de Las Vegas, entras en él a las 2 a.m. y a las 2 p.m. luce exactamente igual.”

Pero él sigue trabajando. La nueva versión de consumo de Criptext Messenger fue lanzada este mes, aunque con poco bombo. A través de diversas formas de comunicación, Mizrachi ha logrado trabajar en su plan de negocios, hacer revisión y prueba de software, incluso realizar cambios en Criptext Messenger desde dentro de los muros de la prisión. Esto le ha dado un cierto grado de cordura. Él no teme convertir su encarcelamiento en una oportunidad de hacer relaciones públicas, y se pone la camiseta de Criptext cuando se necesita, como en las fotos tomadas para este artículo con los teléfonos móviles de otros internos introducidos de contrabando al penal.

“Siempre y cuando tenga Skype, un teclado y correo electrónico, puedo comunicarme con mi equipo … Mi alcance es limitado, pero no me ha impedido hacer nada.”

El contacto con su familia también ha servido de ayuda. Su madre, que reside temporalmente en Bogotá, lo visita una vez a la semana. Otros miembros de la familia vuelan a la ciudad cuando pueden. Su hermano gemelo Marcos, por su parte, administra la cuenta Twitter de Mizrachi, y de vez en cuando arroba a los funcionarios panameños, pidiendo justicia.

Pero hay una preocupación urgente por la salud de Mizrachi. A temprana edad, fue diagnosticado con una enfermedad rara, una forma de vasculitis conocida como poliarteritis nodosa (PAN). Por lo general se ve en las personas de mediana edad y ancianos, causa inflamación de las venas, causando bloqueos y la falta de irrigación sanguínea a los órganos. La medicación se limita a esteroides, inmunosupresores y quimioterapia. Si la enfermedad de Mizrachi vuelve mientras está preso, su vida podría estar en peligro.

“Es una condición autoinmune, que siempre se enferman de ella, especialmente bajo estrés y en condiciones anormales”, dice Rebeca Matalon.

El Dr. Vas Novelli, quien trató a Mayer Mizrachi en el Hospital Great Ormond Street en Londres desde 1998 hasta 2007 me dice que el estrés excesivo sin duda podría provocar el regreso de los síntomas, que incluyen fiebre, hinchazón y convulsiones. Si no es tratado, el padecimiento pueden conducir a un ataque al corazón o un derrame cerebral, advierte. El Dr. Novelli ha elaborado un informe para que Matalon pueda incluirlo en sus diversas apelaciones.

Rebeca Matalon, que se mudó a Colombia en enero para apoyar a su hijo, está preocupada, pero sigue siendo optimista. “Mayer para mí es un milagro”, me dice. “Tenemos que ser positivos, tenemos que hacer que le pasen cosas buenas.”

¿Qué esperanza?

Cuándo podrían ocurrir esas cosas buenas, es imposible saberlo. En algún momento de los próximos meses, Panamá proporcionará a los abogados de Mizrachi una lista completa de las acusaciones. Vernot dice que el equipo tiene 10 días para responder. Luego vendrá un periodo de espera, el que Vernot dice que podría durar otros seis meses, hasta que el Tribunal Supremo de Colombia tome una decisión final. Si la suerte le sonríe a Mizrachi, es probable que salga libre y vuelva a casa, en NY, a dirigir Criptext.

La empresa, un pequeño equipo de 16 personas que trabaja desde la ciudad de Nueva York y Ecuador, tiene mucho que demostrar. Actualmente no tiene clientes pagados que pueda mencionar.

La criptografía de Criptext tampoco ha sido comprobada. Cualquier producto de cifrado que se precie es sometido a la prueba rigurosa e independiente de la implacable comunidad criptográfica. Criptext tendrá que pasar esa auditoría si quiere competir con el protocolo Signal, el código detrás del cifrado de WhatsApp. Loaiza proporcionó a FORBES un breve ensayo con en el método de la compañía para garantizar la transferencia segura de datos, que parece poco notable. De hecho, la tecnología, a la luz de la limitada información disponible, es similar a otros sistemas de cifrado, según el experto en criptografía de la Universidad de Surrey Alan Woodward.

Él ya emitió una nota al respecto: “La idea es que su servidor es el intermediario honesto que emite llaves para los sistemas más pequeños que quieren enviarse datos cifrados entre sí. Este tipo de servicios de administración de llaves no son poco comunes pero tienen una vulnerabilidad, conocen la llave usada por cada parte así que en teoría podrían filtrarla si fueran comprometidos.”

Independientemente de la calidad de la tecnología, Mizrachi y sus abogados son optimistas acerca de su bienestar personal. Ellos creen que no sólo tienen un caso sólido como una roca, tienen el respaldo del pueblo panameño. Sobre Criptext, el CEO añade: “La gente en Panamá se ha vuelto loca por esto. Lo ven como lo que es: basura.”

¿Y si Panamá gana? Entonces pasará a una cuarta prisión. Si Mizrachi es culpable de algún crimen, su encarcelamiento por incumplimiento de contrato es, por lo menos, desconcertante. En el peor de los casos, es ilegal.

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